El 2 de mayo llegará a La Habana por primera vez, proveniente del puerto de Miami, el barco crucero Adonia, con 704 viajeros dispuestos a hacer turismo durante 7 días en Cuba. Ninguno de ellos será cubano. Algo que se veía venir.
Cuando falta menos de un mes para que zarpe la embarcación, se ha desatado revuelo después de que la compañía Carnival Cruises ha comunicado que no puede vender reservas a ninguna persona nacida en la Isla.
“La ley cubana actual prohíbe a las personas de origen cubano entrar en Cuba por barco u otro embarcación, independientemente de su condición de ciudadanos de Estados Unidos”, asegura un comunicado de la empresa Fathom, encargada de vender las reservas para el crucero de Carnival.
Medios de La Florida acogieron la denuncia de que la compañía Carnival Cruises estaría incurriendo con ello en prácticas discriminatorias al no permitir, selectivamente, la comercialización de este servicio.
Incluso comienzan ya a manifestarse en las redes sociales llamados al presidente Barack Obama y al secretario de Estado, John Kerry, a tomar cartas en el asunto, e incluso a generar un boicot contra la naviera.
¿Cubanos en barcos? No
Es muy difícil encontrar el origen, pero es harto conocido el hecho de que los cubanos, a pesar de ser isleños, en muchos sentidos viven de espaldas al mar. Entre otros motivos porque existen fuertes limitaciones para que los nacionales aborden embarcaciones sin que sean pasados por estrictos controles.
De hecho, se pierde en la memoria desde cuándo es política corriente que en instalaciones turísticas se prohíba el disfrute de recorridos marítimos o buceo en alta mar específicamente para cubanos.
A partir del giro de la economía cubana hacia el turismo este conflicto se mostró más agudo: los extranjeros sí pueden.
Pero un aspecto que hace esta práctica más controvertida aún es que las prohibiciones de navegar parecen estar fuera del entorno propiamente jurídico. Una abogada de amplia experiencia explicó a OnCuba que “el tema migratorio en buena medida se llevaba así: las normas no dicen nada y se toman decisiones, no disposiciones según lo que se considere más aconsejable en determinado momento.”
En marzo de 2013, el periodista Fernando Ravsberg reveló que no existe ninguna ley que prohíba la navegación de los cubanos, según le explicó el entonces jurídico de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El Decreto-Ley 194, de 1999, “De las infracciones sobre la tenencia y operación de embarcaciones en el territorio nacional” fue aprobado a raíz de los acuerdos migratorios de 1995 entre Cuba y Estados Unidos y hace mucho énfasis en el “deber de obstaculizar las salidas ilegales con la seriedad y responsabilidad con que asumimos siempre nuestros compromisos. Los que intentan emigrar ilegalmente violan los compromisos internacionales de nuestro país, y promueven la desobediencia y transgresión de la legalidad.”
Otra vez el problema migratorio
El conflicto bilateral entre ambos países, la existencia de la Ley de ajuste cubano y la política de pies secos/pies mojados, el permanente potencial migratorio en la Isla, y los casos vividos de secuestros de embarcaciones para tráfico de personas, y de decomisos de las naves en territorio estadounidense, es el contexto en que una política restrictiva sobre el uso del mar por parte de los ciudadanos cubanos, se ha mantenido, a pesar de su impopularidad.
Algunos analistas tratan de distinguir la situación que ahora se ha creado con la línea de crucero Carnival, de las limitaciones para los cubanos en la Isla, pero otros insisten en verlo como consecuencia de la misma política.
El hoy embajador cubano en Washington, José Ramón Cabañas, reconoció en mayo de 2015 a El Nuevo Herald que la regulación de acceder a Cuba en barco al país era todavía “(…) una cuestión a resolver en el futuro. Hasta ahora había una práctica de no permitir el acceso por vía marítima a Cuba; lo analizaremos pero no debería especular”.
Un año después, y a las puertas de conseguir establecer un flujo turístico regular marítimo a Cuba, nada ha pasado con la disposición.
Tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas y del inicio del proceso de normalización entre los dos países -que ha permitido la concreción de oportunidades de negocios como los viajes de cruceros y el futuro establecimiento de servicios de ferries- resulta más evidente que este tipo de prohibiciones resultará contraproducente y deberá ser abordada por las autoridades cubanas más temprano que tarde.
Quizás una solución intermedia por parte de La Habana llegue a ser permitir excepciones para este tipo de embarcaciones de gran porte y carácter turístico.
Parece poco probable en el futuro inmediato (al menos mientras perdure la excepcionalidad de acogida en territorio estadounidense para los cubanos que se aventuren a llegar por mar) que se permita la navegación en embarcaciones familiares, potencialmente útiles para trasladar emigrantes y crear un conflicto de seguridad entre ambos países.
Los lobbys antiembargo, que también critican las políticas promotoras de la emigración ilegal hacia Estados Unidos, probablemente tomen el ejemplo de este entuerto para incrementar su argumentación ante los políticos en Washington.
A largo plazo Cuba tendrá que poner en la balanza los esfuerzos por mantener el orden y la seguridad de sus fronteras, sin prolongar la restricción de un derecho ciudadano elemental, aún más en una isla.
¿Podrían mantenerse por mucho tiempo distinciones entre cubanos de fuera y cubanos de dentro en este y otros aspectos? Será cada vez más complejo: las modificaciones recientes a las regulaciones migratorias cubanas han favorecido la existencia creciente de cubanos que, siendo aún residentes en Cuba, viven en Estados Unidos también.
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